09 Abr Diccionario de inglés jurídico: Business Judgment Rule
¿Qué significa el término business judgment rule y qué implicaciones tiene? Si quieres saberlo, sigue leyendo.
¿Hasta qué punto pueden los tribunales cuestionar las decisiones de un consejo de administración?
La business judgment rule, o BJR, es uno de los pilares del corporate governance anglosajón y define, precisamente, ese espacio de libertad empresarial.
Conocer su significado e implicaciones puede resultar clave para interpretar correctamente documentos societarios como Certificates of Incorporation o Bylaws, especialmente de sociedades estadounidenses.
¿Qué es la “business judgment rule”?
En el modelo de gobierno corporativo estadounidense, y muy particularmente en Delaware, el consejo de administración (board of directors) goza de una amplísima autonomía para gestionar la sociedad, a diferencia de otras jurisdicciones, donde los accionistas intervienen en muchas de las decisiones estratégicas. Esto implica que decisiones clave (como adquisiciones, políticas de dividendos o desinversiones) quedan en manos del consejo, sin necesidad de ratificación por los accionistas.
La BJR es un principio del Derecho societario que protege a los administradores de la sociedad estableciendo una presunción a favor de las decisiones del consejo.
Es una presunción refutable (rebuttable presumption), por ello en ocasiones se denomina “business judgment presumption”, que solo cede cuando el demandante (plaintiff) demuestra que el administrador o administradores demandados actuaron de forma negligente y de mala fe.
Origen y traducción
La BJR es una regla o principio desarrollado por la jurisprudencia (case law) de los tribunales en los países Common Law, especialmente en los Estados Unidos. En ese desarrollo ha tenido un papel clave la Court of Chancery del estado de Delaware.
Aunque esta regla es mucho más antigua, a menudo se cita la sentencia del caso Gimbel v. Signal Companies, Inc. de 1974 como una de las que recoge una definición más clara de la BJR al afirmar que:
“… [T]he directors of the […] corporation are clothed with that presumption which the law accords to them of being actuated in their conduct by a bona fide regard for the interests of the corporation whose affairs the stockholders have committed to their charge. This being so, the sale in question must be examined with the presumption in its favor that the directors who […] negotiated it honestly believed that they were securing terms and conditions which were expedient and for the corporation’s best interests.”
La jurisprudencia de Delaware ha extendido también la aplicación de la BJR a la actuación de los directivos (officers).
Podríamos traducirla al español como la regla de la discrecionalidad empresarial o del criterio empresarial o regla de protección de la discrecionalidad empresarial. También podemos simplemente dejar el término en inglés, en función del objetivo de la traducción y de quién sea su destinatario.
¿Cómo y cuándo se aplica la BJR?
La business judgment rule entra en juego en los procedimientos en los que se alega que el administrador de una sociedad ha incumplido su deber de diligencia (duty of care).
Con arreglo a este principio, el tribunal confirmará las decisiones del administrador siempre que estas se hayan adoptado (1) de buena fe, (2) con el cuidado que emplearía una persona razonablemente prudente y (3) con la convicción razonable de estar actuando en interés de la sociedad.
Dado que es una presunción, admite prueba en contrario, y es el demandante (plaintiff) quien debe probar que el administrador actuó de forma negligente y de mala fe.
En los Estados Unidos, a los administradores no se les exige que basen sus decisiones de negocio en el beneficio a largo plazo de la sociedad, o que tengan en cuenta los efectos de dichas decisiones sobre terceros interesados (stakeholders) ni sobre el medioambiente. Los administradores solo deben haber considerado la mejor forma de maximizar el valor de la compañía para el accionista para que sus decisiones queden amparadas por la BJR.
¿Existe en el Reino Unido?
En el Reino Unido no existe la business judgment rule. Se rechazó expresamente en los trabajos de preparación de la Companies Act 2006.
No obstante, los tribunales ingleses han reconocido históricamente que los administradores están autorizados a asumir riesgos comerciales sin verse obligados a responder por errores de juicio cometidos de buena fe.
Los tribunales ingleses se centran en examinar el proceso de toma de decisiones, además de la decisión en sí misma, para evaluar la diligencia o negligencia de los administradores, comprobando:
- Si los administradores tomaron las medidas necesarias para estar bien informados de los hechos más importantes;
- Si solicitaron asesoramiento experto en caso de ser necesario;
- Si estaban autorizados a confiar en dicho asesoramiento;
- Si actuaron de forma responsable.
Aquí, la carga de la prueba de la actuación diligente (para que entre en aplicación la BJR) corresponde a los administradores, por lo que es especialmente importante documentar el proceso de toma de decisiones.
¿Y en España?
La business judgment rule española aparece recogida en el artículo 226.1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que lleva por título “Protección de la discrecionalidad empresarial” y que fue introducido en la reforma de la ley del año 2014. Pero en nuestro país tiene un alcance más restringido que la BJR anglosajona.
Art. 226.1 LSC: “el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado”.
Como señala Jesús Alfaro Águila-Real: “De acuerdo con las reglas generales sobre la carga de la argumentación/alegación, corresponderá al administrador que pretenda valerse de la regla de la discrecionalidad empresarial la prueba de que la decisión se tomó informada y desinteresadamente”.
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