Parece que algo se mueve entre abogados y juristas en lo que se refiere a sus relaciones con traductores e intérpretes. Hace dos meses enviamos, sin demasiada convicción, es verdad, un artículo elaborado por Fernando sobre el valor probatorio de documentos traducidos a la revista...

El trabajo que desarrollamos los lingüistas (intérpretes y traductores) para la administración de justicia es uno de los aspectos más controvertidos de nuestra profesión y casi nunca está exento de polémica. Cada vez que los medios de comunicación hablan del tema es para ponernos verdes o destacar malas prácticas y flagrantes meteduras de pata. Es bien conocida la grave crisis de funcionamiento en la que se encuentran los tribunales de Inglaterra y Gales gracias al contrato de externalización de servicios firmado por el Ministerio de Justicia con la empresa Applied Language Solutions (ALS) en febrero de 2012. Los resultados de dicho contrato pueden leerse aquí:  The Telegraph; Common Sense Advisory; The Independent; entrada en el blog de Miguel Llorens).

Hace un par de semanas, los chicos de La Razón entrevistaron a Fernando y nos dieron una magnífica oportunidad para hablar de nuestra profesión y dar a conocer lo que hacemos los traductores. Estamos convencidos de que uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestro sector no es la presión de los precios, ni la competencia, ni la traducción automática, sino la falta de visibilidad de nuestro trabajo en la sociedad. No es fácil valorar lo que no se conoce, por eso pensamos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacer todo lo posible por difundir nuestro trabajo. Reproducimos aquí el texto íntegro de la entrevista y su enlace al periódico. Aunque tiene algunos pequeños errores propios de la inmediatez periodística, pensamos que merece la pena. Esperamos que os guste.  La Razón: 13 Mayo 12 - - José María Sánchez

(*Artículo original de Ruth Gámez González publicado en la revista del Colegio de Abogados de Valladolid, julio 2010). La globalización está aquí para quedarse, es un hecho incuestionable. En este nuevo entorno se formalizan cada día más contratos, escrituras y todo tipo de documentos legales que son redactados en múltiples idiomas, lo que exige, a su vez, un asesoramiento especializado. El abogado del siglo XXI debe enfrentarse a una realidad multicultural y multilingüe. Y para dar respuesta a esta nueva realidad surge la figura del “Jurista-lingüista” en los despachos de abogados. El término de Jurista-lingüista fue creado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para afrontar una problemática muy concreta: traducir documentos, de una gran extensión y complejidad, redactados por abogados o magistrados del Tribunal. Actualmente, todos los traductores de esta institución responden a este perfil y, como señala el artículo 22 del reglamento del citado Tribunal, son “expertos que poseen una cultura jurídica adecuada y un extenso conocimiento de varias lenguas oficiales del Tribunal”. La “cultura jurídica adecuada” que exige este artículo es un requisito indispensable.